En Cuba, el exilio forzado de periodistas ha sido una constante desde hace más de 60 años. Las condiciones para ejercer el periodismo de manera independiente han sido adversas durante el gobierno del Partido Comunista. Sin embargo, ha habido momentos en que la persecución y silenciamiento a comunicadores se recrudece. La última oleada comenzó hace cinco años y se encuentra en uno de sus momentos más álgidos. 

Desde su instauración, el régimen cubano ha centralizado los medios de comunicación, aunque no siempre ha logrado frenar la aparición de medios independientes. En la década de 2010, la llegada del internet a la isla propició el surgimiento de una nueva generación de más de una decena de estos.

La prensa independiente ha sido fundamental para visibilizar problemas sociales que los medios oficiales evitan, como las crisis económica y alimentaria y la represión política que provocaron el estallido social del 11 de julio de 2021, tras el cual el número de presos políticos supera los 1000. 

Alain Espinosa, abogado de la organización de derechos humanos Cubalex, asegura que en momentos como este “la respuesta gubernamental siempre ha sido la represión, la violencia y la violación de derechos humanos”. Una realidad que también aplica para el periodismo independiente. 

El surgimiento de nuevos medios independientes y su consumo creciente entre la población provocaron que el Estado intensificara la represión contra ellos. Actualmente, Cuba se encuentra en la posición 172 de 180 del ranking de Reporteros Sin Fronteras de 2023 sobre libertad de prensa. Es el peor país de América Latina en esta clasificación. 

Desde 2020 y hasta el primer semestre de 2023, la organización Artículo 19 ha documentado al menos 1.225 agresiones contra periodistas independientes y activistas por la libertad de expresión en Cuba. Algunas de ellas implican detenciones arbitrarias, confiscación de materiales de trabajo, arrestos domiciliarios, interrogatorios, desapariciones forzadas, amenazas con retirarles la patria potestad de sus hijos, ciberacoso, campañas mediáticas de desprestigio y otros tipos de tortura física o psicológica. El órgano que más participa en estas agresiones es el Departamento de la Seguridad del Estado.

Muchas de estas acciones no tienen fundamento legal: son discrecionales y arbitrarias. Sin embargo, desde 2019 el régimen ha endurecido su marco legal para reforzar la criminalización de periodistas. Ese año aprobó el Decreto-Ley 370, con el que ha multado a al menos 20 periodistas por divulgar en redes sociales informaciones y opiniones que considera inconvenientes. En 2021 aprobó el Decreto-Ley 35, que impone otras restricciones tecnológicas a quienes publiquen información que el régimen desapruebe. 

En 2022 entró en vigor el nuevo Código Penal, que criminaliza el financiamiento de medios independientes en su artículo 143 y limita aún más la libertad de expresión en los artículos 124 y 266. Desde entonces, varios periodistas han sido amenazados con ir a la cárcel por violar lo establecido en el Código Penal. 

Este año, además, la Asamblea Nacional de Cuba aprobó una Ley de Comunicación Social que, entre otras cosas, establece en el artículo 13 que los contenidos informativos no pueden «emplearse con el objetivo de subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista de derecho y justicia social». 

Todo esto ha propiciado que desde 2018 al menos 34 periodistas hayan salido del país, ya sea como migrantes forzados que huyen del hostigamiento o bajo la amenaza de agentes del Departamento de Seguridad del Estado de ser enviados a prisión, según un recuento realizado para esta investigación. 

Muchos siguen ejerciendo el periodismo desde el extranjero, donde algunos siguen recibiendo amenazas. Muchos corren el riesgo de ser detenidos si intentan regresar. A otros les han negado regresar al país, una decisión discrecional del régimen que los convierte en desterrados y que se basa en el artículo 24.1 de la Ley de Migración, que prohíbe la entrada al país a cualquier ciudadano catalogado como “indeseable”.