Tras las protestas sociales de 2018, el gobierno nicaragüense, encabezado por Daniel Ortega, ha desatado una ola de represión política que afecta, entre otros, a los periodistas independientes y críticos al régimen. De acuerdo con información del Comité para la Protección de los Periodistas, casi un año después, para junio del 2019, al menos 50 periodistas nicaragüenses ya se encontraban en el exilio.

En los últimos años, el gobierno del país centroamericano ha aprobado una serie de leyes que permiten criminalizar el ejercicio periodístico. En octubre de 2020, por ejemplo, el Parlamento aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, que en su artículo 30 prevé penas de dos a cinco años de cárcel para quienes difundan información que el Estado considere falsa o peligrosa.

Poco después, en diciembre del mismo año, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz», o Ley 1055, que permite tipificar como «traidores» a quienes el Estado considere que financian un golpe de Estado, alteran el orden constitucional, realizan actos que menoscaben la independencia o incitan a la injerencia extranjera. Estos delitos están penalizados en el Código Penal con entre 2 y 6 años de prisión.

Algunos abogados señalan que la redacción de dicha ley es ambigua y jurídicamente inaplicable, además de que se está utilizando como herramienta de persecución contra los profesionales de la prensa, cuyo ejercicio se ha vuelto clandestino y proclive a la judicialización. El régimen de Ortega ha normalizado la detención ilegal de periodistas, así como la apertura de juicios exprés y la obligación de presentarse diariamente ante instituciones legales del país.

La organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) ha denunciado otras prácticas de persecución y amedrentamiento, como el asedio policial ilegal contra hogares de periodistas, campañas de difamación, cierre y allanamiento de medios de comunicación, confiscación de equipos de trabajo, agresiones físicas y amenazas contra periodistas, lo que ha provocado que muchos dejen sus casas y se desplacen hacia otras zonas del país. 

Además, a varios profesionales de la prensa se les ha imposibilitado renovar sus cédulas de identidad o pasaportes. En otras ocasiones se los han confiscado arbitrariamente en puestos fronterizos. Esto ha provocado que varios de ellos hayan tenido que abandonar el país de manera ilegal. 

Todo lo anterior ha provocado un escenario adverso para el periodismo. De acuerdo con la ONG “Reporteros sin Fronteras”, entre 2018 y 2023 un periodista fue asesinado, uno secuestrado por grupos paramilitares cercanos al Estado, y al menos seis han sido detenidos o condenados por ejercer su profesión. 

Durante ese tiempo, además, al menos 208 comunicadores, entre periodistas y otros empleados de medios, han tenido que exiliarse de Nicaragua. Entre abril y junio de 2023, al menos 23 han sido forzados a abandonar su país por presión, amenazas y actos violentos, que en su mayoría han sido perpetrados por agentes policiales, de acuerdo con información de la Red Regional Voces del Sur y la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).

Además, al menos 22 de ellos fueron despojados de su nacionalidad de forma perpetua en febrero de 2023, cuando el régimen de Ortega hizo lo mismo con un total de 222 opositores presos políticos que fueron expulsados hacia Estados Unidos.

La situación de la prensa nicaragüense pone de manifiesto la determinación del gobierno de Daniel Ortega, así como de sus poderes judicial y legislativo, de acallar cualquier voz crítica que pueda socavar su control sobre la información.