En Guatemala, hasta hace cinco años, el hostigamiento a periodistas se daba sobre todo en contextos locales cuando sus coberturas incomodaban a actores poderosos. Pero desde el gobierno de Jimmy Morales la represión alcanzó a medios grandes y periodistas muy visibles que denunciaron, o investigaron, la corrupción gubernamental. A partir del 2020, con la llegada de Alejandro Giammattei a la presidencia, esta persecución se recrudeció. 

Por un tiempo, en Guatemala se vislumbraron rasgos de justicia inusuales en la región. La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en 2007, abrió la posibilidad de investigar y perseguir penalmente a grupos criminales que operaban en complicidad con instituciones estatales, además de a empresarios y políticos, como el expresidente Efraín Ríos Montt. 

En todo este proceso, el periodismo tuvo un rol determinante de investigación y denuncia. Pero cuando la justicia comenzó a alcanzar a personas cercanas al entonces presidente Jimmy Morales, y tras expulsar a la CICIG del país en 2017, el Estado comenzó a perseguir a fiscales, jueces, activistas y periodistas, algo que se agudizó durante el mandato de Alejandro Giammattei.

Desde entonces, al menos 16 periodistas han tenido que salir del país por el hostigamiento, la criminalización y amenazas del Estado y otros aliados. En enero de 2023, el Observatorio de la Asociación de Periodistas de Guatemala reportó que desde 2020 registró 404 ataques contra la prensa, entre amenazas, intimidación, acoso judicial, difamación y otros actos, perpetrados mayoritariamente por autoridades. 

Estos ataques también se han traducido en detenciones y acusaciones arbitrarias contra periodistas. En septiembre de 2020, la periodista Maya K’iche Anastasia Mejía fue imputada por sedición y atentados con agravaciones específicas por cubrir una protesta social. José Rubén Zamora, director de elPeriódico, fue condenado a seis años de cárcel por un supuesto delito de lavado de dinero. El Estado usó esta condena para embargar las cuentas de su medio, que cerró en mayo de 2023. Sin embargo, el 12 de octubre de 2023, una sala de apelaciones anuló la condena y ordenó repetir el proceso judicial por considerar que hubo vicios de fondo y forma.

Además, otros ocho periodistas de elPeriódico están siendo investigados por una supuesta obstrucción a la justicia debido a sus publicaciones periodísticas sobre los jueces y fiscales del caso contra Zamora, si bien la Asociación de Periodistas de Guatemala ha exigido al Ministerio Público que tenga preeminencia la Ley de Emisión de Pensamiento, de rango constitucional, y se abstenga de ejercer acción penal contra periodistas. 

Los casos de Mejía y Zamora muestran cómo el Estado guatemalteco está haciendo uso discrecional del sistema de justicia para reprimir el ejercicio periodístico a partir de lo que la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) señala como la ”captura institucional de la Corte de Constitucionalidad” y la “alineación de los tres poderes del Estado». 

El Estado no sólo ha perseguido y criminalizado a operadores de justicia que no respondieron al pacto de impunidad política, sino que asignó como fiscal general y jefa del Ministerio Público a Consuelo Porras, señalada por el Departamento de Estado de Estados Unidos por “participar en hechos significativos de corrupción”. Solo en 2022 se registraron doce casos de acoso judicial a periodistas como los de Mejía y Zamora. 

Pero no solo la persecución judicial ha orillado a los periodistas a salir del país. “El temor es que esa línea delgada entre difamación, criminalización y hechos de violencia se rompa muy fácilmente”, sostiene Jorge Santos, defensor de Derechos Humanos y coordinador de UDEFEGUA. Remarca que las amenazas también se dirigen a las familias de los comunicadores. Estas agresiones suelen iniciarse a través de netcenters -conjuntos de cuentas en redes sociales usadas para difamar, estigmatizar y acosar a periodistas-, muchas veces financiadas por las mismas autoridades.  

Para Santos, la persecución a la prensa en Guatemala “es uno de los peores síntomas de la instalación de un Estado autoritario y dictatorial”. Este proceso viene acompañado de la remilitarización de la vida pública y, hace énfasis, es un hecho regional al cual se debe responder también de manera regional.