Lucía Ixchíu

Lucía Ixchíu dice que traía la comunicación en las venas. Viene de una familia Maya K’iche’ organizada: su madre fue líder estudiantil durante la guerra civil y su padre un líder sindical e indígena. 

Antes de ser periodista, Lucía era artista y gestora cultural, pero en 2012 una tragedia en su pueblo la llevó a hacer comunicación. El ejército guatemalteco asesinó siete personas e hirió a más de cuarenta en lo que se conoce como la masacre de Alaska. “El racismo de los medios fue brutal”, cuenta sobre la cobertura del hecho. Fue así que decidió comunicar lo que pasaba en su territorio.

Empezó publicando en sus redes sociales. En 2013 la invitaron a colaborar con la agencia Prensa Comunitaria cubriendo historias de pueblos originarios. 

También a partir de la masacre, Lucía y otras personas fundaron una colectiva llamada Festivales Solidarios para organizar encuentros de arte, denuncia y resistencia. “Íbamos a territorios indígenas y mestizos que están en lucha contra el extractivismo, las masacres y por la memoria histórica”. 

Lucía define el trabajo que hace como anticolonial. Con su colectiva buscan deconstruir paradigmas de comunicación que han invisibilizado las historias y voces de los pueblos originarios. También tienen un altavoz digital donde publican noticias e investigaciones sobre defensa del territorio, prisión política y memoria histórica. 

Desde que inició su carrera periodística, Lucía vivió múltiples violencias, empezando por la falta de reconocimiento a su trabajo por ser una mujer indígena y luchadora política. En 2016, fue retenida por un grupo paramilitar mientras hacía una cobertura. En 2018, fue criminalizada por las hijas de unos militares juzgados por casos de desaparición forzada que ella cubrió. En 2020, sufrió un intento de homicidio mientras documentaba la tala ilegal en un bosque comunal. 

“Incomodamos al status quo porque estamos visibilizando cosas que históricamente han estado silenciadas”.  

Dos meses después del atentado, Lucía asistió a una protesta donde un grupo de manifestantes incendió el Congreso de la República. El Ministerio Público la señaló como una de las responsables del suceso. Por su experiencia cubriendo prisión política, y ante la creciente persecución de activistas, periodistas y operadores de justicia, sabía que no existían condiciones para defender su inocencia. Esto la obligó a salir del país en marzo de 2021. 

Primero intentó pedir asilo en Costa Rica, para quedarse cerca de su territorio, pero el sistema de acogida costarricense estaba rebasado por la llegada masiva de nicaragüenses. Entonces se fue a España, donde recibió asilo político. 

Aunque se encuentra a salvo de la violencia y la criminalización del Estado guatemalteco, ahora está expuesta al racismo y la precariedad económica. Vive en un albergue para migrantes donde las opciones laborales se reducen a trabajos de limpieza, principalmente. 

Sin embargo, ella sigue haciendo periodismo con Festivales Solidarios y colabora con medios de otros países para visibilizar su caso y los de otras personas perseguidas en Guatemala. “Parte fundamental de estar libres y con vida es poder seguir contando estas historias”, dice.