Andrea Ixchíu

Andrea Ixchíu conoció la censura en 1999, cuando tenía once años y las estaciones comunitarias Maya K’iche donde colaboraba cerraron por amenazas de muerte al director y la presión de políticos locales. “Ahí entendí que había un desbalance de poder entre quienes pueden silenciar voces y quienes quieren compartir [información]”. 

Pese a que la censura continuó, más adelante tuvo otro programa de televisión local, organizó muestras de cines, tocó en una banda de rock, creó un blog para denunciar la represión de la policía y el ejército en sus conciertos y escribió para La Cuerda, el primer periódico feminista impreso en Guatemala. 

En 2012, el ejército guatemalteco asesinó a siete personas e hirió a más de cuarenta en Totonicapán. Andrea documentó y comunicó lo que sucedía a través de su blog y redes sociales, pero le hackearon todas sus cuentas y borraron su blog. También recibió llamadas con amenazas de muerte y dejaron una gallina sin cabeza en la puerta de su casa para intimidarla.

A partir de entonces, ella y su hermana Lucía comenzaron a colaborar con el medio Prensa Comunitaria y formaron una colectiva de comunicación anticolonial y eventos culturales llamada Festivales Solidarios. Andrea, además, cofundó la Red Tz’ikin de cineastas indígenas y fue invitada a tener una columna en el medio independiente elPeriódico. 

Durante sus años como reportera y comunicadora comunitaria, vivió persecución, difamación y violencia física por su trabajo. En más de una ocasión, las organizaciones de derechos humanos que la acompañaban y asesoraban le aconsejaron salir del país por seguridad. 

Una de las agresiones más graves fue un intento de homicidio en septiembre de 2020, mientras documentaba la tala ilegal en el bosque de Totonicapán. 

Andrea se vio obligada a exiliarse en octubre de 2021, mientras se encontraba de viaje en Escocia, donde asistía a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Lo hizo luego de enterarse de que el Ministerio Público guatemalteco la había incluido en una lista de activistas con órdenes de captura por incendiar el Congreso un año antes, en noviembre de 2020, aunque ella no participó en dicha manifestación. 

“Aunque puedo demostrar que estaba haciendo otra cosa, nos quedó claro que no es un caso legal, sino político”. Andrea recuerda que en 2020 Consuelo Porras, actual jefa del Ministerio Público, amenazó a varios activistas con perseguirles penalmente. Desde entonces, decenas de activistas, periodistas y operadores de justicia han sido criminalizados. “Nos lo cumplió”.

Ahora se encuentra en México con una residencia temporal. Hace trabajo formativo con una organización civil. El exilio perjudicó su trabajo periodístico: en 2021 publicó su última investigación, pero está en proceso de reencontrarse con la escritura.

Además, afectó su salud mental, emocional y espiritual, pero también le ha permitido conectarse con personas desplazadas por la crisis climática, la violencia armada y económica y “empezar a entender qué significa habitarnos desde la diáspora”.