El reportero gráfico Luis Enrique Díaz contaba ya con varios años de experiencia en el Diario La Prensa de Lara, cuando en 2017 fue convocado por la Fiscalía de la Nación como testigo de hechos represivos ocurridos durante las protestas sociales de ese año. Temeroso de su futuro, decidió huir de Venezuela y refugiarse por un tiempo en Arauca, Colombia, hasta que consiguió refugio en Perú.
En junio de 2017, Diaz cubrió unas manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro en las residencias Terepaima, en la ciudad de Barquisimeto. Durante esas protestas, guardias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) asesinaron al camarógrafo Roberto Durán, del canal regional SomosTV. Al día siguiente, el Servicio de Inteligencia Bolivariana (SEBIN) buscó a Díaz para que testificara sobre el hecho.
“Los abogados del periódico evitaron que me llevaran”, cuenta Díaz. “El SEBIN quería que yo señalara a los guardias responsables, pero eso era imposible. Solo querían tapar su actuación militar”.
Mientras tanto, Díaz continuó cubriendo manifestaciones en Venezuela. Un mes después, registró cómo un grupo de guardias nacionales golpeaba a un líder estudiantil. Al darse cuenta de su presencia, los guardias fueron tras él, le fracturaron una costilla y una rodilla, lo detuvieron y le quitaron sus equipos fotográficos.
“Yo les gritaba que era periodista”, recuerda Díaz. “Saqué la tarjeta de memoria, me la metí a la boca y recibí todos los golpes”. Mientras era atacado por los guardias, un grupo de personas lo defendieron y ayudaron a escapar a una clínica cercana. Allí, el equipo médico lo encubrió cuándo el SEBIN llegó a buscarle.
Díaz logró salvar las fotografías del líder estudiantil, que fueron portada de su medio. Esta situación le valió una segunda citación para ser «testigo» de lo que había sucedido. Sin embargo, el reportero no quiso comparecer, ya que temía ser detenido ilegalmente por razones políticas, como le sucedió a otros colegas. «Tomé la decisión de irme porque ya había dos expedientes abiertos con mi nombre y en ese momento un colega reportero gráfico había sido encontrado golpeado, con la cara destrozada, luego de estar quince días desaparecido”, recuerda.
Al ser reconocido como refugiado por la ONU en Arauca, Colombia, Díaz fue enviado a Perú. Al llegar, intentó ejercer su profesión, pero la secretaria general del Colegio de Periodistas del país andino le informó que sería difícil encontrarle un empleo por su condición de perseguido. Aún así, colaboró con fundaciones y participó como voluntario con la ONG Unión Venezolana de Perú durante casi un año.
Por necesidad económica, Díaz tuvo que lavar autos y manejar expresos de transporte hasta que ahorró lo suficiente para comprarse una moto y ofrecer servicio de moto-taxi. Este trabajo actualmente le permite cubrir sus gastos.
Díaz no tiene intenciones de regresar a Venezuela. A mediados de 2022, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Fiscalía venezolana allanaron su casa. Cree que no es viable regresar a su país y que, con más de 40 años, debe pensar en su futuro.